En materia de política penitenciaria, los compromisos de este gobierno son:

Modernizar Gendarmería, haciéndola parte de las instituciones a cargo de la seguridad pública, con un foco especial en la reinserción, avanzando hacia una mayor segmentación de los reclusos según la información que se dispone de ello y los riesgos para su proceso de reincorporación a la sociedad.

Ello supone:

– Enviar un proyecto de ley sobre ejecución de penas y separar las funciones de custodia y reinserción, con especialización y coordinación entre los encargados de ambas funciones.
– Potenciar la formación y capacitación de los gendarmes, especialmente en lo relativo a reinserción social, derechos humanos, administración y aspectos sociológicos y psicológicos del encierro.
– Crear un nuevo sistema de oferta programática con participación de los ministerios del Trabajo, Interior y Educación, así como del sector privado, con el objetivo de duplicar la oferta existente y abarcar desde el inicio de la condena hasta la reinserción del condenado.
– Retomar y reforzar el Plan 11 Medidas para mejorar las condiciones de la población penal y retomar la construcción de las cárceles que han quedado en olvido, como las de Talca y Copiapó.
– Incentivar la educación y trabajo de los reclusos como instrumentos de rehabilitación.

En materia de reinserción social juvenil, los compromisos de este gobierno son:

– Impulsar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social de Adolescentes, encargado de la reinserción social de los adolescentes infractores junto con gestionar la ejecución de las medidas y sanciones del sistema de responsabilidad penal adolescente.

– Implementar una reforma integral a la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente, especialmente en lo relativo a las sanciones y el acceso a los programas de reinserción social, deserción escolar, tratamiento de consumo de drogas y alcohol, procurando que la intervención sea con la colaboración y acompañamiento de su familia y, de no ser posible, de un adulto que sea haga responsable del adolescente. Adicionalmente, se contemplan las siguientes modificaciones:

o   Terminar con el ingreso de personas mayores de edad que han delinquido a los centros donde cumplen sanciones los adolescentes infractores de ley, evitando así el contagio criminógeno.

o   Elaborar una política especial de protección y de reinserción social para aquellos niños menores de 14 años en conflicto con la ley penal, que hoy son inimputables y respecto de los cuáles actualmente existe un gran abandono e invisibilización.

o   Implementar un plan de acción para restablecer los derechos de los adolescentes vulnerados por el narcotráfico, con el objetivo de interrumpir trayectorias delictivas y favorecer la reinserción social.